Procedimiento de responsabilidad administrativa a la luz del sistema nacional anticorrupción.

Es de recordar que la reforma del 27 de mayo de 2015 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene una serie de regulaciones a efecto de que se fiscalicen de manera correcta y oportuna los recursos federales por parte de los de los servidores públicos y particulares. A esto se le conoce como el Sistema Nacional Anticorrupción.

Es así como dicha reforma prevé sanciones administrativas y penales, las cuales serán investigadas e impuestas a través de los órganos internos de control de cada órgano administrativo.

Ahora bien, en el caso del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa atiende al tipo de falta administrativa que se pretenda fincar al servidor público o particular para que su desarrollo procesal se lleve a cabo con la autoridad competente para emitir una resolución.

Por lo tanto, las controversias que se susciten a causa de la imputación de faltas administrativas no graves en contra de servidores públicos conocerán las siguientes autoridades:

• Órgano Interno de Control,
• Auditoria Superior de la Federación y
• entidades fiscalizadoras de los Estados,

No obstante, una de las novedades del Sistema Nacional Anticorrupción radica precisamente cuando se trata de faltas administrativas que hayan sido calificadas como graves cometidas por servidores públicos o particulares, el Órgano Interno de Control llevará a cabo la audiencia inicial y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa admitirá y desahogara las pruebas, para que finalmente emita una resolución.

Actuaciones que se llevan de la siguiente forma:

El Órgano Interno de Control como autoridad substanciadora, una vez llevada a cabo la audiencia inicial, hará llegar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa el expediente administrativo a más tardar dentro de los 3 días hábiles siguientes a la conclusión de dicha audiencia, notificando a las partes la fecha del envío del expediente para lo cual deberá indicar el domicilio del Tribunal competente a donde se haya remitido los autos originales del expediente administrativo

Una vez que el original del expediente administrativo le llega al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, este deberá verificar que la falta descrita en el pliego de responsabilidad sean calificada como grave,  notificando a las partes de forma personal la recepción del expediente, una vez realizada dicha notificación se otorgaran 15 días hábiles siguientes al acuerdo de admisión  de pruebas,  ordenando las correspondientes diligencias para su preparación y desahogo, otorgando un plazo de 5 días para que aleguen lo que a su derecho corresponda, concluido dicho termino el Tribunal, de oficio dictara el cierre de instrucción y citara a las partes para oír la resolución que corresponda.

Finalmente es de hacer notar las nuevas atribuciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al desarrollar las partes más importantes del procedimiento administrativo de responsabilidad, sin embargo, es importante conocer como es que, a partir de dicha reforma constitucional, es que se substanciaran los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos o particulares.

 

 

Alcance de una verificación de domicilio por parte del Servicio de Administración Tributaria.

El domicilio fiscal es notablemente importante, pues de esta figura se genera la principal relación que guarda el contribuyente y el fisco, toda vez que es el lugar en donde la autoridad no solo notificará diversos actos y resoluciones administrativas que pueden afectar el patrimonio de una empresa o de una persona física que realice actividades empresariales, sino que también de manera aleatoria puede realizar una verificación de domicilio para revisar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.

 Es por eso que, con fundamento el artículo 42 fracción V del Código Fiscal de la Federación, la autoridad tributaria tiene las facultades para realizar la verificación del domicilio fiscal del contribuyente, con el objetivo de corroborar diversa información, a saber:

1. Que el domicilio fiscal se encuentre localizado en la dirección con la cual se dio de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes o en su caso, la última dirección que aparezca en el sistema de la fiscalizadora.

2. Confirmar si efectivamente en el domicilio fiscal, es donde se encuentra el asiento principal de negocios.

3. La emisión de comprobantes fiscales.

4. Que dicho domicilio fiscal cuente con la infraestructura o capacidad material para realizar su actividad económica.

5. Que cuente con los activos y personal para poder prestar los servicios, producir, comercializar o entregar los bienes que amparen los comprobantes fiscales que emitan.

Ahora bien, si la autoridad fiscal al realizar la verificación de domicilio advierte que el contribuyente no se encuentra localizado o en su caso, no cuenta con los elementos necesarios para realizar las actividades, se encuentra totalmente facultada para la cancelación de sellos digitales, situación que genera un menoscabo al patrimonio de la empresa o persona física en virtud de que no podría emitir comprobantes fiscales, en el peor de lo casos el Servicio de Administración Tributaria puede presumir la simulación o inexistencia de operaciones, con lo cual se iniciaría el procedimiento previsto en el artículo 69-b del Código Fiscal de la Federación.

Es por ello la importancia y relevancia de atender correctamente una verificación de domicilio fiscal, en virtud, de que el desconocimiento de información o en su caso, contestar incorrectamente a los cuestionamientos realizados por la autoridad tributaria llevarían a concluir situaciones de hecho que no son reales, por lo que se recomienda contar con una adecuada asesoría para evitar contingencias que afecten el patrimonio de los contribuyentes.