IZTEOTL IRINEO MORGADO, autor en Bandala, Díaz, Murcio

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

Pensiones no contributivas son aquellas que para su otorgamiento no necesitan que previamente el beneficiario haya cotizado o contribuido durante el tiempo que hubiera trabajado, es decir, se otorgan sin distinción y sin mayores requisitos que los establecidos en ley.

Hoy en día en México, se han llevado a rango constitucional las pensiones no contributivas, pues con fecha 08 de mayo del presente año cuando fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con el decreto publicado por el cual se reforma el artículo 4° de la Constitución, las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley, estableciendo que en el caso de los indígenas y afro mexicanos la pensión en cuestión, se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad.

Visto lo anterior, con la reforma constitucional, se garantiza que toda persona gozará de una pensión al llegar a la edad de referencia, para lo cual únicamente habrá que analizar la ley secundaria que sea emitida al respecto para conocer las modalidades o requisitos para acceder a la citada prestación.

Asimismo, cabe mencionar que en la publicación del decreto por el que se reforma el artículo 4° constitucional, no solo fue la adición de las pensiones no contributivas, pues también se estableció en dicha reforma el sistema de becas para estudiantes de todos los niveles del sistema de educación pública con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.

De igual manera la mencionada reforma integró la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley.

El mencionado decreto inició su vigencia al día siguiente de su publicación, y tiene como finalidad garantizar el acceso a una vida digna y el derecho a la educación con equidad.

En Bandala | Díaz | García te mantenemos informado sobre los temas más relevantes que están aconteciendo en nuestro país.

Acerca de la suspensión de actividades de las autoridades

Acerca de la suspensión de actividades de las autoridades. En estos días de pandemia, en los cuales hay muchas actividades detenidas, no te dejes sorprender sobre la suspensión de actividades en diversos tribunales, pues desafortunadamente comienzan a circular noticias falsas al respecto.

Como es bien sabido por todas las personas, nos encontramos en días de suspensión de actividades (o cuarentena) derivado de la pandemia que hoy en día afecta a nivel mundial, sin embargo, como ha sido dado a conocer por las autoridades federales se comenzarán a reanudar poco a poco las actividades.

Es por esta razón que resulta de gran importancia recordar, que por parte de los Tribunales como lo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, las actividades que NO SEAN CONSIDERADAS CASO URGENTE se encuentran suspendidas todo el mes de mayo.

Por lo cual, las noticias que puedes encontrar en internet sobre una extensión hasta el día de hoy son falsas, pues por ejemplo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que informar sobre la falsedad de dichas noticias que hacen referencia a una ampliación de la suspensión de actividades, tal como se puede apreciar en el comunicado emitido el día 14 de mayo del presente año.

Por tal motivo te recomendamos verificar este tipo de información en las páginas oficiales de las diversas autoridades para cerciorarte de que estas efectivamente están en el periodo de suspensión de actividades. O bien, estar al pendiente de nuestros contenidos, ya que nosotros estamos actualizándonos constantemente sobre este tipo de cuestiones. Recuerda que estar bien informado impedirá que alguien pueda sacar algún provecho, o que puedas tener algún conflicto si tienes un trámite pendiente por realizar. Si tienes alguna duda al respecto, o necesitas asesoría en algún otro tema legal, acércate a nosotros. En Bandala | Díaz | García estamos listos para atenderte.

¿Qué es la extinción de dominio y cómo me afecta?

La extinción de dominio no es otra cosa que la pérdida del derecho de propiedad sobre ciertos bienes que son producto de actos ilegales o que son usados para cometer dichos actos. Estos bienes pasan a formar parte del Estado, sin que este tenga que pagar cantidad alguna por ellos.

Este tipo de “instrumento jurídico” que emplea el Estado, tiene como principal objetivo, combatir al crimen organizado a través de actos ilícitos como el lavado de dinero, narcotráfico, terrorismo, etc. Pegándole donde más les duele, la riqueza que han generado con este tipo de delitos.

Lo anterior toma suma importancia, ya que, con la entrada en vigor de la Reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Fiscal de la Federación, se establece hoy en día que será sancionado como delito de delincuencia organizada a la persona que expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados e incluso al que a sabiendas permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Ante este tipo de delitos, será aplicable la ahora famosa extinción de dominio.

En ese sentido, se tiene como delito de delincuencia organizada, al que realice las operaciones antes mencionadas, por lo que, al mismo tiempo, de acuerdo con la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en este tipo de delitos serán susceptibles de extinción de dominio, los bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos (casas, coches, aviones, cuentas bancarias, etc.).

En materia fiscal, en el caso de personas que se organicen para emitir, adquirir o anunciar para su adquisición comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, provocará que los bienes como puede ser el inmueble que se renta para la realización de las actividades, se vea afectado con la figura de la extinción de dominio y sea decomisado por el Estado, en el momento que este lo determine, y sin que haya una sentencia condenatoria de por medio. Aplicando el viejo adagio “Primero pego, después pregunto”.

Así las cosas, derivado de la Reforma mencionada, ahora si la autoridad determina que un contribuyente ha emitido o deducido comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistente, la consecuencia no solo será provocar que se dejen sin efectos dichos comprobantes y generar un crédito fiscal a cargo del contribuyente; sino que ahora además, se podrá iniciar un procedimiento penal por el delito de delincuencia organizada, y no para rematar, también se podrá entablar el procedimiento de extinción de dominio, lo que no solo afectaría directamente los bienes de las personas que cometen el delito, sino que en caso de rentar un inmueble, esto también podría afectar al dueño del inmueble utilizado. Pues como ya vimos, el Estado confisca los bienes que son producto del ilícito, así como los que se utilizaron para cometerlo.

Lo que realmente no debes dejar pasar de esta información, es que si a alguna de las empresas o personas con quienes has tenido relaciones comerciales se le llega a considerar como contribuyente que emite comprobantes fiscales sobre operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, es necesario que te regularices y se demuestre que tú no te sitúas en este supuesto, y de esa forma evitar tener problemas de tipo penal o que tus bienes sean objeto del procedimiento de extinción de dominio.

Asimismo, si te encuentras en el supuesto de presunción de inexistencia de operaciones, estás a tiempo para desvirtuarla y poder evitar la determinación en definitiva de la autoridad, evitando que más adelante trascienda ese conflicto y se pretenda ejercitar acción penal en tu contra o tus bienes sean objeto del procedimiento de extinción de dominio.

Ante los supuestos que hemos mencionado en el presente artículo, nosotros podemos apoyarte y asesorarte en el procedimiento para demostrar ante la autoridad que tu no cometes actos ilícitos, o en su caso, si ya hay una resolución en tu contra, en la tramitación del juicio de nulidad para desvirtuar la resolución de la autoridad.

En Bandala, Díaz, García, contamos con la experiencia y profesionalismo para velar por tus intereses, brindando una defensa efectiva en materia fiscal.

Iniciativa de cobro a ventas por catálogo

Iniciativa de cobro a ventas por catálogo. Dentro de la iniciativa del Decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, resalta la adición que pretenden del artículo 76-B a esta ley; en el cual se pretende imponer un esquema para que tributen dentro de esta contribución las personas que realizan ventas por catálogo.

Esta iniciativa encuentra su fundamento en la inequidad que existe hoy en día para realizar el cobro de esta contribución. Toda vez que las retenciones que se les deben de realizar a las personas que realizan esta actividad de venta por catálogo es optativa y por ende, en la mayoría de los casos no se realiza.

Esta propuesta pretende establecer un esquema de cobro de la contribución para las personas que realizan venta por catálogo imponiendo primeramente la obligación a las empresas que realizan este tipo de actividades para la determinación, retención y entero de la contribución.

Bien, este artículo que se pretende adicionar a la ley del Impuesto Sobre la Renta contempla que aquellas personas que en el ejercicio anterior hayan ganado menos de 300,000 pesos o aquellas que inicien actividades y crean que ganarán menos de 300,000 pesos en el ejercicio, los pagos que realicen respecto del Impuesto Sobre la Renta serán considerados definitivos.

En el caso de las personas que hayan tenido ingresos superiores a 300,000 pesos o que tengan ingresos por oro tipo de actividades, los pagos que realicen serán considerados como provisionales; por tanto, tienen la obligación además de realizar su declaración y podrán acreditar estos pagos.

El Impuesto Sobre la Renta será calculado sobre la diferencia que exista entre el precio de venta sugerido y el precio de compra; a esta diferencia se le ha de aplicar la tarifa que corresponda a la persona física.

Por último, se establece la obligación para las personas físicas que no estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes para que proporcionen su información a la persona moral que habrá de hacerles la retención del impuesto para que las inscriba en el Registro Federal.

En el caso de aquellos que ya estén inscritos, deberán de proporcionar su clave de registro.

Si tienes alguna duda sobre este tema o algún otro en materia fiscal, acércate a nosotros, con gusto resolveremos tus dudas.

Pago de lo indebido

El pago de lo indebido se da cuando una persona paga por error o en exceso una cantidad que no debía; en materia fiscal se da cuando un contribuyente entera a la autoridad una cantidad que no debía de enterar o cuando paga una cantidad mayor a la que por ley le correspondería.

Si se ha configurado el pago de lo indebido se tiene el derecho a pedir la restitución del mismo, o, de no ser posible, la compensación de la prestación pagada. El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales tienen la obligación de devolver el pago de lo indebido siempre y cuando sea procedente conforme a la ley.

Ahora bien, para solicitar el pago de lo indebido se deberá de realizar una solicitud cumpliendo todos los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación. Una vez ingresada, la autoridad contará con el término de 40 días para realizar la devolución o, en el caso de los contribuyentes que tienen la obligación de dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado, el término será de 25 días posteriores a la presentación de la solicitud.

En algunas ocasiones, para que sea procedente la devolución del pago de lo indebido, la autoridad fiscal podrá ejercer sus facultades de comprobación previstas en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.

Si te encuentras en una situación de pago de lo indebido y no sabes qué hacer, puedes acudir a nosotros.

En Bandala, Díaz, García contamos con especialistas en derecho fiscal para ayudarte en este y en otros temas relacionados.

Recurso de reclamación

El recurso de reclamación es uno de los medios de defensa que se encuentran previstos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo cuya finalidad es impugnar las resoluciones del magistrado instructor de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se encuentre conociendo de un asunto.

De conformidad con la Ley, el recurso de reclamación será procedente en contra de las resoluciones del magistrado instructor por las que se admita, deseche o tenga por no presentada una demanda, la contestación o la ampliación de ambas o una prueba. También, contra las que decreten o nieguen el sobreseimiento antes del cierre de instrucción o aquellas que admitan o nieguen la intervención del tercero.

En todos estos casos el recurso se interpondrá dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación correspondiente, posteriormente se dará el término de cinco días a la contraparte para que manifieste lo que a su derecho corresponda y una vez concluido este término, dentro de un término igual a cinco días la Sala resolverá el recurso.

Plazo para interponer el Juicio Contencioso Administrativo.

Nada es más temido que interponer un medio de defensa legítimo y bien fundamentado a destiempo; por ello hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (en adelante LFPCA), el particular contará con el término de treinta días posteriores a aquel en que surta efectos la notificación del acto de autoridad para promover el juicio contencioso administrativo ante al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En este orden de ideas, las notificaciones surtirán sus efectos al día siguiente a aquel en que se hayan realizado lo que se determinará conforme a la ley aplicable a cada acto de autoridad, así a manera de ejemplo en materia fiscal, se señalará que, si la notificación de un acto de autoridad se realizó el día viernes siete de junio de dos mil diecinueve, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación la notificación surtirá efectos el día lunes diez de junio de dos mil diecinueve, por lo que los treinta días que tiene una persona para promover el procedimiento contencioso administrativo se comenzarán a contar el día once de junio de dos mil diecinueve.

Caso diferente si se trata de un acto administrativo, por ejemplo la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), regulado por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), la cual señala que las notificaciones surtirán en el momento en que se realicen, por lo cual si la notificación es realizada el día viernes siete de junio de dos mil diecinueve, en esa misma fecha surtirá sus efectos, por lo que el término de 30 días para interponer el juicio contencioso administrativo iniciará el día lunes diez de junio de dos mil diecinueve, haciendo notar que los cómputos pueden varias dependiendo el acto de autoridad y la legislación aplicable al caso en concreto.

Asimismo, es necesario precisar que los días a contabilizarse serán hábiles, por lo cual no contarán los sábados, domingos, días festivos e inhábiles que señalé el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante circulares, por lo que los gobernados deberán tener especial cuidado al momento de contabilizar los días que tienen para interponer el juicio contencioso administrativo ya que la clasificación de días en la ley no surte los mismos efectos.

Así, se puede deducir que es de gran importancia que toda persona conozca el plazo que tiene y la manera en que ha de contabilizarse para interponer en su caso el juicio contencioso administrativo en contra de un acto de autoridad que considere afecta su esfera jurídica, pues de no realizar correctamente el conteo del plazo legal para impugnar el acto de la autoridad, perdería su derecho para hacerlo y de existir una ilegalidad en su contra no sería posible controvertirla.

Es por lo mencionado en las líneas que anteceden, que resulta de suma importancia al momento de conocer un acto de autoridad considerado violatorio de derechos, el que el particular, la empresa y/o su representante se acerquen a profesionales altamente capacitados para que su problema sea resuelto de manera eficaz, en tiempo y con profesionalismo.

Facultades de comprobación de las autoridades fiscales.

Como bien es sabido, las autoridades fiscales cuentan con facultades de comprobación, que hacen valer para comprobar el efectivo cumplimiento de los contribuyentes en sus obligaciones fiscales, una de las principales atribuciones con las que cuenta es la llamada visita domiciliaria, la cual, en amplios términos radica en que la autoridad competente en razón de materia y territorio se constituya en el domicilio fiscal del contribuyente y le solicite los datos, informes y/o documentos relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales; sin embargo como dicha visita representa un acto de molestia, la autoridad se encuentra obligada a cumplir con las formalidades que se encuentran reguladas en el Código Fiscal de la Federación.

Dentro de las características que en toda visita domiciliaria se deben cumplir destacan las siguientes:

La autoridad fiscal se constituirá en el domicilio señalado por el contribuyente para efectos fiscales y solicitará la presencia del representante legal, si este no se encuentra, la autoridad deberá dejar un citatorio para que el día siguiente a hora determinada lo espere; sin embargo, la ley señala que para el caso de que el contribuyente haga caso omiso al citatorio entregado, la diligencia se podrá atender con quien se encuentre en el lugar visitado.
La autoridad iniciará con una orden de visita, misma que deberá constar por escrito en documento impreso digital, donde se indicará: la autoridad que emite el acto, el lugar y fecha de la emisión, el lugar o lugares donde se practicará dicha visita, el nombre de las personas que efectuarán la visita, deberá estar debidamente fundado y motivado y contener la firma autógrafa del funcionario competente; al iniciarse la visita, los visitadores deberán identificarse con la persona que se atienda, requiriéndola para que señale dos testigos, levantando acta circunstanciada de los hechos u omisiones que los visitadores conozcan.
Por cada actuación que realice la autoridad fiscal en el desarrollo de la visita domiciliaria, deberá levantar actas parciales o complementarias donde de igual forma, hará constar los hechos, omisiones o circunstancias en concreto de los que conozcan.
La autoridad deberá levantar una última acta parcial donde circunstanciará los hechos omisiones o situaciones en concreto conocidos durante todo el procedimiento de la visita, pero no será hasta el levantamiento del acta final donde la autoridad podrá realizar una valoración de los mismos. Para el levantamiento del acta final mencionada, se deberán seguir las mismas formalidades que para la de la orden de visita. Una vez levantada el acta final, no se podrán levantar más actas parciales o complementarias.
En el caso de que las autoridades fiscales al ejercer las facultades de comprobación conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente.

Cabe señalar que la autoridad deberá concluir la visita domiciliaria en un plazo máximo de doce meses contados a partir de que notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, asimismo, cuenta con un plazo máximo de seis meses para emitir una resolución donde determine las contribuciones omitidas a partir de que se levante el acta final de la visita.

El domicilio fiscal.

El domicilio fiscal se entiende de manera general para las personas físicas como aquel local en el que se encuentra el principal asiento de los negocios, o de no contar con un local su casa habitación; mientras que en el caso de las empresas (personas jurídico-colectivas) será donde se encuentre la administración principal del negocio o teniendo varios establecimientos donde se encuentre la administración principal del negocio o en su caso el que designen.

Es importante señalar correctamente el domicilio que la persona o la “empresa” han de utilizar, pues es precisamente la ubicación del domicilio fiscal, el lugar en donde los Contribuyentes se ponen a disposición de la Autoridad fiscal a efecto de verificar, en general, el correcto cumplimiento de la legislación fiscal aplicable, y constituirá el lugar en donde la autoridad podrá notificarles los actos de Autoridad respectivos, así por ejemplo podrá solicitar el requerimiento de diversa información para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales o, incluso, en donde se daría inicio a las facultades de comprobación de la autoridad fiscal.

Siendo que en caso de que exista un cambio de domicilio, el mismo deberá hacerse del conocimiento de la autoridad fiscal dentro de los diez días siguientes a aquel en que se haya realizado el cambio; sin embargo, solo en caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo sus facultades de comprobación el aviso deberá hacerse con cinco días de anticipación a que se realice tal.

Ahora bien, para evitar que la autoridad pueda considerar que la persona o “empresa” pretende evitar o impedir el ejercicio de las facultades de la autoridad y que se genere un problema mayor para cualquier contribuyente, éste debe de dar el aviso oportuno de cambio de domicilio fiscal de conformidad con las leyes aplicables.

Igualmente, es importante saber que en el domicilio fiscal es dónde aquellas personas que estén obligadas a llevar contabilidad deberán tener la documentación comprobatoria de los asientos o registros que integran la contabilidad, para que en caso de que la autoridad fiscal lo llegue a solicitar se le proporcione y pueda verificar el cumplimiento a las disposiciones fiscales.

Visto lo anterior, es importante que tanto las personas físicas como las empresas se asesoren correctamente en caso de que vayan a iniciar actividades o en su caso pretendan cambiar su domicilio, para que los trámites respectivos se realicen de manera correcta y de esa manera se evite que en el futuro se puedan tener problemas y contingencias más severas con la autoridad fiscal.

Juicio en línea

El juicio en línea es aquel que se tramitará a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; para esto, el particular deberá de irse a registrar ante el Tribunal para que se le asigne una firma electrónica, una contraseña y una cuenta para que pueda acceder al sistema.

Ahora bien, si es su decisión tramitar el procedimiento contencioso administrativo en esta modalidad, al momento de tramitarlo en el sistema en línea deberá señalar su correo electrónico; de lo contrario éste se desechará por esta vía y se tramitará en la vía tradicional.

ONLINE TRIAL

The online trial is the one that will be processed through the Online Justice System of the Federal Administrative Justice Court; to do so, the individual must register before the Court to be assigned an electronic signature, a password, and an account to access the system.

Now then, if its decision is to process the contentious-administrative proceeding in this modality, at the moment of processing it in the online system, it must provide its email address; otherwise, it will be discarded and will be processed in the traditional way.

Dirección.	Río Becerra 27, Piso 4, Oficina 404, Col. Escandón I Sección, C.P. 03810, Benito Juárez, CDMX.
Recepción.	55 7030 0100
Recepción.	55 6726 3345
Whatsapp.	55 4515 1281
E-mail.	contacto@bdg.com.mx

Dirección.	Ricardo Margain 444, colonia Valle del Campestre, San Pedro Garza Garca, Monterrey, Nuevo León, C.P. 66265
Recepción.	55 7030 0100
Recepción.	55 6726 3345
Whatsapp.	55 4515 1281
E-mail.	contacto@bdg.com.mx