Luis Enrique Montes Zamudio, autor en Bandala, Díaz, Murcio

Auto regularización de obligaciones fiscales

Las empresas y personas físicas con actividad empresarial que realizan actividades sensibles contenidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como la Práctica de Juegos con apuesta, concursos, sorteos, la emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por entidades financieras, la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes entre otras, debrán conocer el Programas de auto regularización de obligaciones fiscales, así como conocer las obligaciones fiscales a que están sujetas, a efecto de evitar la imposición de multas por el Servicio de Administración Tributaria.

No obstante, el Servicio de Administración Tributaria el pasado 16 de abril de 2019, publicó en el Diario Oficial de la Federación a través de las Disposiciones de Carácter General los “Programas de Auto Regularización en Materia de Lavado de Dinero”, entrando en vigor el día 21 de junio de 2019, en las cuales prevé regularizar las obligaciones omitidas así como poder condonar las multas impuestas en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ambos cosas por los periodos comprendidos del 01 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018.

Para poder acceder a los “Programas de Auto Regularización en Materia de Lavado de Dinero”, deberás cumplir con diversos requisitos, si deseas regularizarte por obligaciones omitidas es imprescindible a) estar al corriente de las obligaciones fiscales del ejercicio 2019, b) así como la manifestación bajo protesta de decir verdad, que es voluntad de la empresa subsanar las irregularidades en que ha incurrido, C) presentar la Solicitud ante el Servicio de Administración Tributaria, D) descripción de las irregularidades cometidas, así como las medidas que se tomarán para subsanar el incumplimiento, e) que no se encuentra dentro de los supuestos de improcedencia.

Para contar con el derecho a la condonación de multas, se deberán corregir las irregularidades e incumplimientos en materia fiscal, y presentar por escrito la solicitud de condonación ante la autoridad tributaria correspondiente, en los veinte días hábiles a partir de la fecha en que se concluyó el programa de auto regularización, una vez presentada la solicitud la autoridad se pronunciará sobre la procedencia de la condonación en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la presentación de la solicitud y se le dará a conocer al contribuyente en un plazo no mayor a treinta días hábiles.

Por lo anterior resulta importante para las empresas y las personas físicas que realicen las actividades anteriormente señaladas, contar con una asesoría adecuada en la materia, toda vez que la aplicación correcta de este mecanismo conlleva a la protección del capital de la empresa

En caso contrario, con una mala asesoría las empresas se verán afectadas de manera directa en su economía, impidiendo el desarrollo y crecimiento de su negocio.

En Bandala | Díaz | García le brindamos la mejor asesoría legal en materia fiscal, a efecto de proteger sus derechos y su patrimonio en temas de Programas de auto regularización de obligaciones fiscales y otros.

AVISO DE LEGALIDAD

La presente información tiene como principal objetivo orientar al público en general. No sustituye lo dispuesto en la legislación aplicable. Tampoco reemplaza la consultoría o asesoría legal especializada que pueda ofrecer alguno de los abogados y/o contadores de Bandala | Díaz | García

Pago de impuesto al valor agregado por subcontratación

Pago de impuesto al valor agregado por subcontratación. Con base en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio y del Código Fiscal de la federación, publicado en fecha 09 De diciembre del 2019 se adicionó una fracción IV al artículo 1.- A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en la que medularmente se establece que las personas morales y personas físicas con actividades empresariales, que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición personal que desempeñe funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estando o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, se hará una retención por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada.

En atención a esta nueva disposición, se puede ver con claridad que la intención del Fisco Federal es captar recursos de las actividades realizadas por subcontratación, siendo uno de los mecanismos más recurrido por las personas morales, así como personas físicas con actividad empresarial, ya dicha organización permite disminuir algunas erogaciones.

No obstante, a partir de la reforma en comento, las empresas que, para cumplir con su objeto, realicen subcontrataciones de personal, aún y cuando el mismo no se encuentre bajo su dirección o supervisión, deberán pagar el 6% del valor total del contrato celebrado, lo que representa un gasto importante y que deberá ser bien planificado, máxime que los montos de los contratos de subcontratación por regla general son superiores a un millón de pesos.

En consecuencia, es claro que las empresas, deberán contar con una asesoría especializada en materia fiscal, a efecto de tener una planificación y estrategia para realizar sus actividades principales, así como poder aplicar las deducciones permitidas por la ley.

De igual forma, se puede prever que la autoridad hacendaria, puede incurrir en actos ilegales derivados de la aplicación de la nueva fracción IV del Artículo 1.- A de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, ya que la ley establece, que sea un servicio directo o que se encuentre relacionado, con lo que deja un campo amplio para la interpretación, ya que el legislador no dispuso en que condiciones se tendrán como servicios relacionados, lo que puede llevar a un ejercicio arbitrario de dicha disposición.

En Bandala | Díaz |García le brindamos la mejor asesoría legal en materia fiscal, a efecto de proteger sus derechos y su patrimonio, en temas de pago de impuesto al valor agregado por subcontratación y otros relacionados.

AVISO DE LEGALIDAD

Razón de negocios y sustancia económica

Razón de negocios y sustancia económica. Dos temas de suma importancia para la materia fiscal; la razón de negocios y la sustancia económica.

A saber estos dos temas no están regulados propiamente en la legislación; no obstante, doctrinalmente nos van a funcionar para poder acreditar la materialidad a la que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

https://youtu.be/0JR-rfh42oM

Como es bien sabido, a partir de la introducción de esta figura, las autoridades fiscales cuentan con las facultades para poder desconocer o determinar la inexistencia de operaciones que estén amparadas en Comprobantes Fiscales emitidos por los contribuyentes.

No obstante, a partir de las figuras que abordaremos el día de hoy podremos acreditar que efectivamente se realizaron las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales; por una parte tenemos la razón de negocios.

En la razón de negocios se pueden explicar los motivos y las razones por las cuales un contribuyente realiza una actividad económica que efectivamente le va a traer una ganancia económica; es decir, es la razón sustancial por la cual decide llevar a cabo un negocio.

Ahora bien, no basta con acreditar que existe una razón de negocios, es decir, no basta con demostrar que este negocio es viable o que evidentemente me va a generar una ganancia como contribuyente, sino que se tiene que acreditar que existe una sustancia económica en esta negociación.

Esta sustancia económica se entiende como un estándar fáctico a través del cual el contribuyente demostrará ante la autoridad que efectivamente se recibió un bien o se recibió un servicio a cambio de una contraprestación.

Para poder acreditar la sustancia económica existen diversos métodos; no están tajados directamente en la legislación sino que dependerán del propio negocio de que se trate; esto es, se puede amparar a través de la expedición de las facturas, a través de los comprobantes de banco, a través de la adquisición de los materiales, construcciones entre otras cosas.

Por lo que, si te encuentras en este supuesto señalado en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación no dudes en acudir a asesorarte en Bandala, Díaz, García.

Ilegalidad en las determinaciones presuntivas.

De manera genérica las contribuciones en nuestro país se rigen por el principio de autodeterminación, lo que implica que son los propios contribuyentes quienes manifiestan sus ingresos y por consiguiente enteran las cantidades que se deban pagar, conforme a su capacidad contributiva, no obstante, la autoridad fiscal cuenta con facultades, para verificar si los contribuyentes cumplen legalmente con sus obligaciones ante el fisco federal, así mismo tiene facultades para hacer determinaciones presuntivas de créditos fiscales si advierte la omisión al cumplimiento en obligaciones fiscales a personas físicas y morales.

En la actualidad es común que personas morales y personas físicas con actividad empresarial, se vean afectadas por las determinaciones presuntivas que ejercen las autoridades fiscales, mismas que suelen ser por cantidades muy elevadas.

Sin embargo, las facultades de la autoridad para determinar presuntivamente los créditos fiscales adeudados, se encuentran plenamente reguladas en el Código fiscal de la Federación, en los artículos 55, 56, 58 y 59, fracción III, de lo que se advierte que las mismas no pueden ser ejercidas de manera arbitraria por la autoridad hacendaria.

En los enunciados normativos señalados previamente, se regulan dos procedimientos generales de determinación presuntiva, el primero de base incierta, en el que se desconocen los ingresos del contribuyente, y el segundo de base cierta, en el que se presumen ciertos los ingresos por depósitos bancarios del contribuyente.

Es importante mencionar que en múltiples ocasiones la autoridad tributaria, aplica indistintamente ambos mecanismos de determinación presuntiva, trayendo como consecuencia lógica, que el monto determinado como crédito fiscal sea sumamente oneroso.

Por lo anterior resulta evidente que, si las personas morales o personas físicas con actividad empresarial, reciben una mala asesoría legal en materia fiscal, los contribuyentes se verán obligados a cubrir los pagos exorbitantes de las cantidades determinadas de manera ilegal.

Caso contrario, si la persona física o moral cuenta con una adecuada defensa fiscal, evitarán ser víctimas de una arbitrariedad de la autoridad fiscal, disminuyendo los montos del crédito fiscal determinado, y más aún, de resultar ilegal la determinación presuntiva, podrá el contribuyente obtener la nulidad del crédito fiscal.

Derechos Humanos de los contribuyentes.

Al hablar de derechos humanos del contribuyente podemos referirnos de manera inmediata al artículo 31 constitucional en su fracción cuarta. Podemos localizar el principio de equidad, de igualdad, así como el destino de gasto público y la proporcionalidad en la tributación; ahora bien, debemos señalar que también existen derechos humanos que son aplicables al contribuyente que no son específicamente de la materia tributaria. Me refiero a los derechos humanos de naturaleza trasversal que se pueden relacionar, tal es el caso del derecho al acceso a la justicia, el derecho a la no irretroactividad en perjuicio de la persona, el derecho a una garantía de audiencia, entre otros.

Taxpayers’ Human Rights

When talking about the taxpayers’ human rights, we can immediately refer to the Constitution’s Article 31 in its fourth section. We can see the principle of equity, equality, as well as the destination of public spending and proportionality in taxation; now, we must point out that there are also human rights applicable to the taxpayer that are not specifically tax matters. I refer to human rights of a transverse nature that can be related, such as the right to access to justice, the right to non-retroactivity to harm a person, the right to a guarantee of a hearing, among others.

Dirección.	Río Becerra 27, Piso 4, Oficina 404, Col. Escandón I Sección, C.P. 03810, Benito Juárez, CDMX.
Recepción.	55 7030 0100
Recepción.	55 6726 3345
Whatsapp.	55 4515 1281
E-mail.	contacto@bdg.com.mx

Dirección.	Ricardo Margain 444, colonia Valle del Campestre, San Pedro Garza Garca, Monterrey, Nuevo León, C.P. 66265
Recepción.	55 7030 0100
Recepción.	55 6726 3345
Whatsapp.	55 4515 1281
E-mail.	contacto@bdg.com.mx