¿Es posible el uso de la fuerza en el ciberespacio?

Como bien lo apunta Pilar Llorens[1], la enorme expansión de las tecnologías de la información y del conocimiento ha provocado cada vez más una dependencia de las sociedades hacia ellas, desde el ámbito de las estructuras civiles, hasta el ámbito militar. Como resultado de ello, la seguridad del ciberespacio se ha convertido en una preocupación principal de la comunidad internacional, ya que mientras más digitalizado sea un Estado mayor será su vulnerabilidad.

De tal guisa, la seguridad en el ciberespacio resulta una cuestión trascendental para los Estados toda vez que dichas cuestiones se encuentran íntimamente ligadas con la protección de los intereses nacionales. Por poner un ejemplo de las crisis que se pueden desatar en virtud de la aplicación incorrecta de políticas en temas de ciberseguridad se encuentra el caso de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, mismas que en su momento aseguraron que el gobierno ruso había tratado de influir en las elecciones presidenciales ingresando en los sistemas informáticos de los demócratas y republicanos mediante un experto grupo dedicado al ciberespionaje.

En este orden de ideas, uno de los aspectos que ha atraído la atención de los juristas es el de la aplicación del ius ad bellum, es decir, el conjunto de normas que regulan la utilización de la fuerza en el contexto de las relaciones internacionales.

 

Desafíos del ciberespacio

Cualquier operación que se lleve a cabo en el ciberespacio plantea retos para el derecho, particularmente en dos aspectos que no resultan fáciles de determinar cuando se habla de ciberoperaciones, a saber, cuestiones como la soberanía y la jurisdicción, porque, ¿alguien conoce la ubicación exacta del ciberespacio?

En términos del principio de soberanía, cada Estado ejerce de manera plena y exclusiva sus competencias sobre su territorio. De este modo se puede señalar que la soberanía se encuentra íntimamente ligada a la existencia de un espacio físico terrestre, aéreo o marítimo y, dado que dicho elemento es intangible en el tema que nos ocupa, resulta complicado que el Estado ejerza soberanía y potestad en este ámbito.

No obstante lo anterior, diversos estudiosos han señalado que el Estado tiene, por otro lado, potestad respecto de las infraestructuras cibernéticas y sobre cualquier actividad que esté relacionada con estas infraestructuras en virtud que las mismas se encuentran necesariamente en un territorio en específico.

Finalmente, por lo que hace al tema de la jurisdicción, ésta, al ser entendida como la autoridad o poder para juzgar y aplicar las leyes en un momento y lugar determinado, es especialmente relevante ya que permite determinar cuál es el Estado responsable y competente para perseguir y sancionar a los agresores cibernéticos.

 

 

[1] Abogada; doctorando en Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de Derecho, UNC; becaria doctoral CONICET; profesora ayudante A, Derecho Internacional Público, Cátedra B, Facultad de Derecho., Universidad Nacional de Córdoba.