Medidas para combatir ‘factureras’.
Medidas para combatir ‘factureras’. Si la nueva legislación diseñada para castigar a las personas acusadas de evasión de impuestos con la misma severidad que a los narcotraficantes hubiera sido ley en aquel entonces, “yo creo que habría pasado nueve de los últimos 10 años en la cárcel”, comentó enfurecido Santacruz González.
Las nuevas iniciativas, las cuales incluyen la detención obligatoria previa al juicio, así como la posible confiscación y venta de activos incluso antes de una condena, son parte de la cruzada del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para erradicar la arraigada corrupción en la segunda economía más grande de Latinoamérica.
Las medidas están dirigidas a la ilícita y descontrolada práctica de usar facturas falsas, a menudo registradas bajo el nombre de compañías fantasmas con el fin de evadir impuestos, algo que el presidente ha indicado cuesta 25 mil millones de dólares al año en ingresos perdidos, aunque la estimación es difícil de verificar.
Cualquier persona acusada de serias irregularidades fiscales en México pudiera enfrentar ser encarcelada sin fianza bajo las disposiciones asociadas con el presupuesto 2020, actualmente ante el Congreso, y una ley de confiscación de activos que se aprobó en julio.
Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), comentó: “Están eliminando el derecho a la libertad, a la propiedad, a una audiencia, a un juicio justo y a la presunción de inocencia, y reemplazándolo con la detención obligatoria previa al juicio basada sólo en sugerencias y no en hechos reales”.
Niño de Rivera explicó que la política pudiera conducir a incautaciones de activos arbitrarias; a la congelación de cuentas bancarias basada en suposiciones en lugar de en hechos; y a la pérdida del control de compañías por parte de sus propietarios, incluso antes de ser declarados culpables.
Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que sería “muy fácil criminalizar a una empresa que cometió un error” y encerrar a los ejecutivos en las cárceles de mayor seguridad “como si pertenecieran a un cartel de drogas”. Los empresarios tienen poca fe en que, incluso si no se les halla culpables, se les compensará adecuadamente por la pérdida de activos.
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